Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación

Este viernes, 27 de mayo de 2011, ha sido otro día para hacer historia: El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación.

Esta ley fue una de las promesas electorales del PSOE, en materia de derechos civiles, y parece que por fin comienza a tomar forma. Pedro Zerolo, expresidente de la FELGTB y actual secretario de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG del PSOE, ha destacado en los medios la importancia del proyecto, pidiendo el mayor consenso posible: “Me gustaría que la futura Ley obtuviera un apoyo parlamentario unánime”.

Esta norma, en palabras de Zerolo, bien recibida por asociaciones y sindicatos, y con informes favorables del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado; y que se espera que no levante ampollas entre los sectores más conservadores, aporta una interesante actualización sobre la definición de discriminación y habla de medidas de acción positiva; además, y entre otras cosas, incorpora al ordenamiento jurídico español, por primera vez, la inducción a la discriminación. También establece el derecho a la igualdad de trato y no discriminación en ámbitos de la vida política, económica, cultural y social, como el empleo, la salud, la educación, los servicios sociales o los medios de comunicación.

Lo importante para el colectivo LGBT es que incluye la orientación y la identidad sexual como condiciones o circunstancias que no pueden ser objeto de discriminación alguna.

Igualmente, y tal y como ha señalado la Coordinadora Estatal de VIH-Sida (CESIDA), la ley es un importante instrumento para dar respuesta al estigma y la discriminación hacia las personas con VIH; ya que el proyecto incorpora de forma explícita la no discriminación por enfermedad; una demanda más que justa, teniendo en cuenta el alto índice de discriminación en los ámbitos laboral y sanitario que sufre la población con VIH.

Además, la ley contempla la fusión de los diversos organismos ya existentes en un órgano que pasará a denominarse “Autoridad Estatal para la Igualdad de Trato y la No Discriminación”. Este organismo asistirá a los afectados, siendo la pieza clave de su actividad, la mediación o conciliación entre las partes. Así mismo, este organismo podrá investigar por cuenta propia la existencia de posibles situaciones de discriminación, tomando medidas judiciales si fuera necesario.

Otros aspectos a destacar del proyecto de ley son: un listado de infracciones y sanciones (las infracciones pueden ser leves, graves o muy graves), y las sanciones pueden ir desde los 150 euros, en casos leves; hasta los 500.000 en los supuestos más graves.

Por último, uno de los aspectos que más atención ha de los medios ha captado es la eliminación de las subvenciones públicas a aquellos colegios que en los que no se de “coeduque” y se segregue a alumnos y alumnas en clases separadas.

Parece, por tanto, que empezamos a corregir los olvidos de la Constitución.

Marta Jenn González