Madre, lesbiana, inseminada.

Esta semana hemos conocido que la sanidad asturiana ha negado el tratamiento de fertilidad a una lesbiana con la excusa de que no existe un problema de esterilidad. Aunque la protagonista de la noticia,  Andrea,  recibió el tratamiento en una primera ocasión, las cosas cambiaron cuando después de que fallara la primera inseminación artificial, pidió autorización para una segunda. Se la negaron en dos ocasiones. Al pedir explicaciones, el responsable de la inspección de servicios sanitarios del Gobierno de Asturias le dijo a Andrea que no tenía derecho a que la sanidad pública le financiera ese servicio porque no existía un varón estéril y ella tampoco lo es. Respuesta incorrecta. O mejor dicho, ilegal.

Aunque la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (la lista que incluye los tratamientos médicos que deben ser ofrecidos por la sanidad pública) es un tanto ambigüa, la Ley de Reproducción Asistida  deja claro que toda mujer podrá ser sometida a un tratamiento de fertilidad “con independencia de su estado civil u orientación sexual”. De hecho, el colectivo asturiano XEGA se ha mostrado sorprendido por lo ocurrido porque hasta el momento, el Servicio de Salud del Principado de Asturias había ofrecido con normalidad estos tratamientos a mujeres lesbianas.

Pero las posibilidades van mucho más allá. El Congreso reclamó el año pasado una reforma de la ley apoyada por los expertos de la Comisión Nacional de la Reproducción Asistida que aclare que las dos integrantes de una pareja de lesbianas puedan ser madres de un mismo bebé. En algunas comunidades como Extremadura ya es posible.

El procedimiento es sencillo: una de las madres cede a la otra su óvulo fecundado con el semen de un donante, de forma que la otra madre, desarrolla en su vientre el embarazo con el óvulo de su pareja.  Es decir, una de las mujeres es la madre biológica del bebé puesto que el óvulo es suyo y la otra es la madre gestante porque el bebé se habrá desarollado en su interior y lo habrá dado a luz. Ante avances como estos, queda muy lejos la cabezonería del funcionario asturiano que ha impedido que Andrea pueda ser madre.